Derecho a la Ciudad: Un pilar fundamental para la sustentabilidad de América Latina

por Humanitarian and Sustainable Architecture

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“Hacer el retrato de una ciudad es el trabajo de una vida y ninguna foto es suficiente, porque la ciudad está cambiando siempre. Todo lo que hay en la ciudad es parte de su historia: su cuerpo físico de ladrillo, piedra, acero, vidrio, madera, como su sangre vital de hombres y mujeres que viven y respiran. Las calles, los paisajes, la tragedia, la comedia, la pobreza, la riqueza.” (Berenice Abbott, 1989).

La forma en que se han densificado las ciudades del mundo, han modificado con el paso del tiempo la manera en que se produce la vivienda dentro de ellas, y con ello, se ha sacrificado la calidad de vida de las personas que las habitan. Esto ha generado investigaciones enfocadas a el problema de la forma en que se están conformando las ciudades, las carencias de los diferentes tipos de vivienda que se están construyendo y la falta de accesos que éstas ofrecen en cuanto a servicios básicos y conectividad a sus centros de trabajo, educación, salud y espacios de recreación.

El planeta tierra ha sido sometido a cambios drásticos en su configuración geográfica, natural y social, siendo el crecimiento poblacional — que asciende a más 7 mil millones de habitantes, cifra alcanzada el 30 de Octubre de 2011 según la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— una de las principales causas para generar dichos sucesos en el mundo. Sin embargo, el problema principal radica en que la misma ONU señala que hoy en día (2016), más de la mitad de la humanidad vive en ciudades y que para el 2030, casi el 60% de la población vivirá en zonas urbanizadas, y a pesar de que las ciudades apenas ocupan el 3% del planeta en cuestión territorial, éstas representan entre el 60 y 70 porciento del consumo de energía del planeta, además de generar el 75% de las emisiones de carbono. Como consecuencia de esta explosión demográfica y territorial, la ONU señala que más de 828 millones de personas están subsistiendo en barrios marginales carentes de servicios básicos como vivienda digna, agua, electricidad, salud, educación, empleo formal, entre otros, y el número de personas seguirá creciendo conforme pasen las décadas.

Si bien, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que en las próximas décadas, gran parte de la exponencial urbanización y por consecuente, de personas viviendo en las ciudades, tendrá lugar principalmente en los continentes de África y Asia, América Latina y del Caribe ha sobrepasado todos los indicadores promedio al registrar según el Dr. Guillermo Gándara en su ponencia Sustentabilidad Urbana, que en 2010 el 80% de sus habitantes vivía en ciudades y que para el 2050, alcanzará el 90% contra el promedio mundial que registrará el 70% para ese mismo año.

Con lo anterior, la UNFPA (2014) indica que “la urbanización tiene el potencial de marcar el comienzo de una nueva era de bienestar, eficiencia de los recursos y crecimiento económico”, sin embargo existe una evidente desigualdad social como consecuencia del incumplimiento por parte de los Gobiernos Locales de garantizar a sus habitantes el Derecho a la Ciudad y que repercute en una elevada concentración de pobreza en las zonas urbanas que incitan a la misma población a ubicarse en zonas de riesgo o periferias de las mismas ciudades —que con el paso de los años terminan por formar parte del interior de las ciudades mayormente pobladas— y que con frecuencia son barrios marginales, asentamientos informales, y hoy en día, la nueva tendencia de prácticas como el convertirse en posesionarios de viviendas abandonadas, mismas que tampoco han garantizado a los habitantes sus derechos a una vivienda adecuada.

Alvarado-Alegría (2014: 2) menciona que “las ciudades son territorios con gran riqueza y diversidad, el modo de vida urbano influye sobre la forma en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio” sin embargo, los modelos de desarrollo situados específicamente en el crecimiento de las ciudades y la producción de la vivienda están caracterizados por la rentabilidad de los negocios público-privados y que son quienes toman las decisiones de cómo y dónde deben de vivir las personas, generando así según Hábitat Internacional Coalition (HIC) (2016) pobreza y exclusión que contribuyen a la depredación de los recursos naturales y los ecosistemas que configuran un entorno ambiental específico, incrementan los índices de migración y urbanización, promueven la segregación social y espacial, así como incitan a la privatización de los bienes comunes y del espacio público. En general, las poblaciones de América Latina están privadas o limitadas según sus características económicas, culturales, sociales, étnicas, de género y edad, con las cuales tienen que lidiar en su día a día para “satisfacer sus más elementales necesidades básicas” (Zimmerling citado de Vázquez, 2010:153). A pesar del aumento en la densidad poblacional y territorial en el que se está envolviendo nuestro mundo, la ONU enfatiza que esto debería de convertirse en una reto para aumentar la eficiencia y la innovación tecnológica, así como reducir el consumo de recursos y de energía del planeta tierra.

“La ciudad es uno de los intentos más consistentes, y a la postre, más exitosos del hombre, de rehacer el mundo en el que vive a partir de sus anhelos más profundos. Si la ciudad, en todo caso, es el mundo que el hombre ha creado, es también el mundo en el que está condenado a vivir. Así, de manera indirecta y sin una conciencia clara de la naturaleza de su tarea, al hacer la ciudad, el hombre se ha rehecho a sí mismo.” David Harvey (2008).

Definir la ciudad más allá de su concepto etimológico del latín civitas, —es el área urbana que representa una alta densidad de población, conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las actividades agrícolas— representa un reto en la sociedad contemporánea y la forma en que se están desarrollando las dinámicas urbanas, espaciales y sociales. Por ejemplo, la Conferencia Europea de la Estadística de Praga define a la ciudad como “una aglomeración de más de 10,000 habitantes y las de entre 2,000 y 10,000 habitantes siempre y cuando, menos del 25% de la población se dedique a la agricultura. Es evidente que la misma definición de ciudad propuesta por diferentes órganos y gobiernos limita la garantía de oportunidades que pudiera ofrecer a una sociedad cambiante, evolutiva y migrante por diferentes contextos socioculturales, económicos y/o contingencias ambientales.

Como ejemplo clásico para definir una ciudad, en la Tabla 1.1 se puede observar como se concibe según diferentes países:

Tabla 1.1 Definición de Ciudad en diferentes Países
Países Numero de habitantes requeridos
Japón A partir de 20,000 habitantes
Rusia, España y Grecia A partir de 10,000 habitantes
Turkmenistán, India y Ghana A partir de 5,000 habitantes
Estados Unidos, Uruguay y China A partir de 2,500 habitantes
Australia, Venezuela y Canadá A partir de 1,000 habitantes
Dinamarca, Suencia y Finlandia A partir de 200 habitantes
MÉXICO A partir de 2,500 habitantes

Tabla recreada de Bottino Bernardo (2009: 1)

Bottino (2009: 1-2) invita a que es necesario considerar que una ciudad es más que un simple número de habitantes, ya que es indispensable contemplar las funciones de la sociedad, los servicios que brinda el estado, las actividades de sus habitantes y la misma percepción de vivir en un medio urbano.

Con lo anterior, se puede observar cómo el ritmo de crecimiento acelerado y caótico que las ciudades del mundo y de América Latina han experimentado en las últimas décadas, han incitado a que organismos de la sociedad civil liderados por Hábitat international Coalition (HIC) y profesionistas interdisciplinarios (Lefebvre 1968, Mitchell 2003 y Borja 2003) presionen a los gobiernos locales, así como a la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) a decretar derechos humanos emergentes de los cuáles aparece el concepto el “Derecho a la Ciudad” como parte fundamental de los derechos de primer generación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948.

Estos derechos humanos emergentes llamados por Martínez Bullé (1991: 412) como derechos de segunda y tercera generación, lograron que se crearan documentos como: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1966 pero que entró en vigor hasta 1976; la Declaración de Derechos Humanos Emergentes (DDHE) en 2004; la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad (CMDC) en 2004, y; la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad de 2010 recientemente, han fungido como herramientas de referencia para el concepto de Derecho a la Ciudad y otros más. Sin embargo, Charlotte Mathivet (2009) recapitula que el término Derecho a la Ciudad es una idea que podría remontarse a 1968 propuesta por el sociólogo Henri Lefebvre titulada en su libro El derecho a la ciudad como consecuencia del impacto negativo generado en las sociedades por los países de economías capitalistas, siendo la ciudad sometida “al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital”. La propuesta de Lefebvre (1968) según su libro, es construir políticas que partan de los mismos habitantes como punto regenerativo en dónde la sociedad tuviera la posibilidad de convertirse en la dueña de la ciudad. Además, Mathivet (2009) contextualiza que el sociólogo en su libro propone una nueva perspectiva política denominada Derecho a la Ciudad como “frente a los efectos causados por el neoliberalismo, como la privatización de los espacio urbanos, el uso mercantil de la ciudad, la predominancia de industrias y espacios mercantiles”. Como punto de referencia, David Harvey (2008) define que “el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos”, reafirmando la postura propuesta por el mismo Lefebvre.

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Si bien, las ciudades se construyen bajo sociedades en la que los derechos humanos prevalecen como parte fundamental del crecimiento de las mismas, —o que en la teoría utópica, así debería de ser— Harvey (2008) afirma que los derechos inalienables a la propiedad y a las ganancias se imponen sobre cualquier otra concepción de derechos que se pueda tener”. Alvarado-Alegrría (2009: 4) revela que este movimiento social sobre el Derecho a la Ciudad reitera la idea de que la derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales son imprescindibles para que cada ser humano pueda ejercer su propio proyecto de vida, y que por lo tanto, la ciudad son derechos como bienes de inversión para el desarrollo individual y colectivo de una sociedad que reside en una zona urbanizada.

Ampliar el debate en la materia del Derecho a la Ciudad nos permitirá concretizar soluciones de Desarrollo Sustentable al problema habitacional existente hoy en día, por lo que será imprescindible identificar mejoras a las políticas públicas que le permitan a una comunidad, ciudad, región o país, potenciar prácticas eficientes que les permita desarrollar modelos en donde la equidad social se vuelva un factor importante para que sus economías puedan seguir teniendo un crecimiento sostenible, logrando así inversiones de diferente capital para promover acciones que promuevan la estabilidad o regeneración ambiental del entorno con el que convergen. Lewin (1964) afirma que, “es necesario considerar al individuo y el medio ambiente como una entidad única e inseparable” pues “así como el sujeto actúa sobre el medio ambiente, el medio ambiente también está en grado de afectar a la persona de manera profunda”, y un estado que no proteja a sus habitantes, será una sociedad que no proteja su economía, seguridad y medio ambiente en el que convive.

Eduardo Ortiz es Arquitecto LEED Green Associate, cursando la Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por la UANL y certificado en Design Thinking por el CEDIM. Catedrático en UANL, UVM, LCI y UMM, ex Director de Architecture for Humanity Monterrey y Fundador de Arquitectura para mi Escuela.

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